Alberto Fernández sobre la medida de Bullrich: “Es una lógica de criminalización”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que la nueva resolución del Ministerio de Seguridad que habilita a efectivos policiales a pedir indentificación y detener personas de forma arbitraria en estaciones de trenes forma parte de una “lógica de criminalización” y es un “manotazo de último momento” por parte del Gobierno.

Se trata de la resolución 845 publicada esta mañana el Boletín Oficial, firmada por la ministra Patricia Bullrich, que crea el programa de Ofensores en Trenes, la cual autoriza a la Policía y a las Fuerzas de Seguridad a solicitar el DNI a personas que se encuentren en “zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros” con el fin de comprobar si tienen antecedentes penales y así “prevenir delitos”.

Y agregó: “Todo lo que está pasando con el Gobierno son como manotazos de último momento, tratando de retener el voto que tuvo”.

En declaraciones radiales aseguró que “hay un sector de la sociedad al que le habla Patricia Bullrich y le garantiza que el Gobierno se equivocó cuando le dio derechos a los que están sin trabajo, y que por eso terminaron tomando las calles, pero ahora van a defender a la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo”.

En esa misma línea, Fernández sostuvo que “en esa misma lógica de criminalización se inscribe esto que está diciendo Patricia Bullrich”. “Vamos a las estaciones de trenes porque en los trenes viajan los pobres y vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, planteó.

En la resolución no se explica el criterio que deberían seguir las autoridades a la hora de exigir el  DNI ni tampoco qué sucede si la persona en cuestión no posee el documento en ese momento. Además, se basa en el fallo «Vera», un caso de detención arbitraria que fue llevado a la Justicia por inconstitucionalidad.

El Tribunal Superior de Justicia porteño negó este pedido en 2016 y, mediante el mencionado fallo, legitimó la detención arbitraria de una persona en la estación Constitución del tren Roca, estableciendo que “la policía posee la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad siempre que la medida sea ejercida razonablemente, tenga por finalidad prevenir el delito y no viole una garantía constitucional”.

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