Echegaray y el ataque contra el periodismo independiente

A raíz de esta situación, y luego de una denuncia presentada por el ingeniero Balcedo, el fiscal Gerardo Pollicita imputó a Echegaray por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sospechosamente, pese a todas las denuncias en su contra y los múltiples procesamientos, Echegaray sigue en libertad.

A su vez, mientras las investigaciones contra Echegaray avanzan en Comodoro Py, el juez Kreplak, el mismo que ordenó la detención de Balcedo, mantiene “cajoneada” la denuncia que en su momento realizó la entonces directora del diario Hoy, Myriam Chávez de Balcedo, a punto tal que, pese al tiempo transcurrido, ni siquiera citó a declarar a los testigos propuestos por la denunciante.

En su presentación ante el Juzgado nº 3, Chávez de Balcedo pidió que se investigue a Echegaray, al entonces titular de la Aduana, Guillermo Michel, y a distintos funcionarios que formaban parte de la AFIP por los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 157, 244, 248 y 256 del Código Penal), de los que serían penalmente responsables. Eso no fue todo: se presentaron pruebas contundentes, obtenidas a partir de las investigaciones del diario Hoy, de las conexiones de Michel y Echegaray en operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico (casos Carbón Blanco, Arroz Blanco, entre otros). De forma insólita, y sin ningún tipo de pruebas, Echegaray y el entonces titular de la Unidad de Información Financiera, el multiprocesado José Sbattella, inventaron una denuncia queriendo vincular a Balcedo con la banda de narcotraficantes conocida como “Los Monos”.

Asimismo, está más que acreditado que el juez Kreplak se tendría que haber excusado de intervenir en esta causa dado que, desde las páginas de este diario se lo denunció en reiteradas ocasiones por los casos de corrupción que lo involucraron desde antes de ser magistrado.

Un proceso cargado de irregularidades

1. El procedimiento se inició con una orden de intervención el 14/10/2014 (el mismo día que el diario publicó una nota contra la AFIP y Echegaray titulada “Inspirados en la Dictadura”). La notificación al periódico llegó ese día, en el inusual horario de las 18.15. Luego, por fuentes de la auditoría interna de la AFIP, se constató que el lapso que medió entre la generación de la orden de intervención y la notificación indica claramente que todo fue digitado políticamente, ya que en todos los casos tarda mucho más el procedimiento administrativo normal.

2. Durante la conducción de Echegaray, la AFIP forzó la jurisdicción de La Plata, pero el Soeme tiene administración nacional centralizada en la Ciudad de Buenos Aires. Se involucró a la seccional La Plata, de donde no obtuvieron ninguna información.

3. La AFIP forzó la competencia personal de un juez afín, presentando la denuncia el primer día de su turno, el 2 de marzo de 2015. Y solicitó allanamientos a dos sedes del Soeme, y al domicilio personal de Marcelo Balcedo en una clara intimidación.

4. El primer fiscal interviniente (Sergio Mola), con toda lógica, autorizó solo el allanamiento a la seccional La Plata. Pero la AFIP de Echegaray reiteró su solicitud. El juez a cargo, que había sido apretado por el titular del organismo recaudador, corrió nueva vista a fiscalía 20 días después del pedido de la AFIP, recién cuando cambió el fiscal subrogante (Matías Di Lello), que en menos de 24 horas autorizó los allanamientos y formuló requerimiento fiscal por “evasión agravada”.

5. La AFIP presentó en 2016 un in­forme final de inspección del Soeme (requisito para el avance de la investigación penal por evasión), donde dice que, relevada la documentación allanada, “NO TIENE INTERÉS FISCAL” sobre el Soeme y las restantes personas investigadas.

6. Desde dicho informe, realizado en noviembre de 2016, se solicitó el sobreseimiento al juez interviniente (Kreplak) en tres oportunidades por falta de procedencia de la acción por evasión fiscal (objeto procesal claramente delimitado por el requerimiento).

Nunca se resolvieron positiva o negativamente.

7. Por el contrario, la investigación se extendió con: medidas claramente improcedentes, con testimoniales de los empleados de la AFIP, que elaboraron el informe y confirmaron lo que había dicho por escrito; oficios al Ministerio de Trabajo, de donde surgió que Soeme cumple con todas sus obligaciones de presentación de balances, y posterior testimonial a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que elaboraron el informe.

8. El juez Kreplak, de forma irregular, alteró el objeto procesal fijado por el requerimiento (evasión fiscal), sin previa intervención del fiscal, para poder continuar sometiendo a proceso a Balcedo y el resto de los investigados, en clara “excursión de pesca” prohibida en materia penal.

Particularmente ordenó de oficio la formación de legajos de investigación patrimonial (medida ajena a proceso por evasión), dando vista solo a posteriori a la fiscalía, lo que evidencia su posicionamiento y parcialidad.

9. Otro atropello se dio luego del reciente pedido de recusación presentado por Marcelo Balcedo. Automáticamente el juez decretó el secreto de sumario de las actuaciones, algo que no había sucedido en más de dos años de proceso.

10. Por si esto fuera poco, el juez recurrió claramente a técnicas propias de quienes iniciaron estas causas (Echegaray y el extitular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella), filtrando durante el secreto de sumario información a medios afines, con el objeto de generar una operación en contra de Balcedo.

Así, inmediatamente después de que la investigación haya entrado en secreto de sumario, en una clara muestra de violación al mismo Infobae y el diario El Día informaron en el mes de noviembre que el juzgado de Kreplak estaba investigando al Soeme y a Balcedo por supuesto lavado de dinero.

11. En las últimas semanas, el juez Kreplak había convocado a una audiencia a periodistas del diario Hoy para responder preguntas relacionadas con este caso, como así también con otros procesos judiciales que lo tienen en la mira. El magistrado canceló las audiencias que él mismo había concedido y de forma violenta impidió el ingreso de periodistas del periódico y de la Red 92 a los tribunales federales.

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