Proponen la implementación de huertas sostenibles en la provincia de Buenos Aires

La primera de las propuestas busca promover “el desarrollo de una política pública que fomente la creación y mantenimiento de las huertas sostenibles”, a fin de propiciar la promoción de un uso racional del suelo, técnicas de cultivo amigables con el ambiente, la contribución a la seguridad alimentaria, la educación ambiental, la integración social, el desarrollo local, la alimentación saludable y la valorización de los cultivos originarios y tradicionales.
El proyecto impulsado por Zuccari define a las huertas sostenibles como aquellas que “promueven las prácticas agroecológicas, orientadas al cultivo y producción de alimentos, hierbas medicinales, aromáticas u ornamentales, de forma ecológica y sustentable, en tierra firme o espacios alternativos, dentro de los límites de la provincia y cuya producción se destina al consumo personal o comunitario y a la venta de los excedentes”.
La iniciativa se enmarca en el trabajo desarrollado por la legisladora de la Cuarta Sección sobre seguridad alimentaria y derechos de las mujeres rurales, cumpliendo con los propósitos de la FAO, como la creación de la Comisión Especial para la Seguridad Alimentaria y los Derechos de las Mujeres Rurales en la Cámara de Diputados bonaerense y el lanzamiento de la Mesa Provincial de Mujeres Rurales.
En ese sentido, están clasificadas entre huertas urbanas y periurbanas –cuyo distingo contribuye la localización de la tierra-; las escolares – cuyas características es que los alumnos incorporen valores agroecológicos a la par que promover una alimentación saludable-; y las huertas vecinales y de integración social – su objetivo esencial es propiciar las relaciones comunitarias, y comprenden las huertas terapéuticas y aquellas donde son los propios vecinos quienes deciden el destino del espacio-.
Asimismo, el proyecto impulsado por Zuccari dispone una autoridad de aplicación que deberá designar el Poder Ejecutivo, y tendrá entre sus funciones la creación de un banco de suelos y la determinación de los beneficiarios, innovándose en este punto respecto a las mujeres -procurando la igualdad y el empoderamiento político y socioeconómico en perspectiva de género- y los adultos mayores –otorgándole un lugar preferencial en la distribución a quienes formen parte de este grupo etario-.
Por otra parte, mediante una modificación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la diputada pidió, en el marco de la adhesión de la Provincia a la ley de Agricultura Familiar, “priorizar a agricultores y agricultoras familiares, registrados según las disposiciones de las leyes vigentes, cuando se trate de la compra de alimentos para ser provistos a hospitales, escuelas, comedores, unidades penitenciarias y demás instituciones públicas provinciales, siempre que se encuentren dentro del ámbito de la localidad donde serán consumidos”.
De esta forma – según la legisladora- “ambas normas se complementan y constituyen herramientas prácticas, entre muchas otras que pueden ser utilizadas para lograr contribuir a la tarea que tenemos de seguir batallando para bajar los niveles de pobreza de nuestra provincia”.

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