La Provincia analiza la situación de los municipios en rojo

La última semana del año se presenta difícil para al menos 31 municipios de la Provincia que se encuentran en situación crítica con respecto a sus finanzas, con riesgo de no poder pagar salarios ni deudas con proveedores. Este es el tema central de la reunión que mantendrían hoy la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Economía Hernán Lacunza, que vienen siguiendo de cerca los números de estas comunas.

A fines de noviembre trascendió el listado de distritos que pidieron ayuda a la Provincia para poder afrontar sus obligaciones. Ahora la Gobernación busca monitorear la situación para sofocar posibles urgencias sobre el final del año. Las comunas que habían solicitado auxilio eran: San Pedro, Puan, General Lavalle, General Villegas, Chacabuco, General

Pueyrredón, Berisso, Azul, Pinamar, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Balcarce, Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Tornquist, Bragado, Lezama, Mar Chiquita, Baradero, Carmen de Patagones, Nueve de Julio, General Belgrano, Villarino, Necochea, Veinticinco de Mayo, Chascomús, Moreno, Exaltación de la Cruz, José C. Paz, Hipólito Yrigoyen y Guaminí.

De estos municipios, 23 están conducidos por Cambiemos, seis por el Frente para la Victoria, uno por el Frente Renovador y el restante por un intendente vecinalista. Todos fueron afectados por los aumentos que sufrieron en el año los combustibles y los servicios, que impactaron sobre las ya alicaídas finanzas que tenían las comunas. De esta forma, varias de ellas registran deudas con proveedores que superan los 100 millones de pesos, como el caso de Berisso o General Pueyrredón (Mar del Plata), y algunos ya tuvieron retrasos en el pago de salarios que les ocasionaron conflictos con los gremios de trabajadores municipales, como el caso de Moreno.

A su vez, en la relación con el Ejecutivo bonaerense entra en juego si los Municipios deciden adherir al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, exigencia de la Gobernación para desembolsarles fondos el año que viene. Esta normativa establece, entre otros puntos, que el gasto de cada comuna no podrá aumentar más que la inflación, que no podrá endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, ni tampoco podrá incrementar la contratación de personal por encima del crecimiento poblacional.

Desde las intendencias opositoras critican la legislación porque aseguran que viola las autonomías municipales. De hecho, fue uno de los argumentos de los concejales peronistas en Berisso para no darle el quorum al intendente Jorge Nedela, que no pudo, hasta el momento, adherir al mencionado pacto fiscal.

Fuente: diario hoy

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