La Defensoría del Pueblo pide garantizar la continuidad educativa a alumnos afectados por la crisis económica

Las tasas de abandono en colegios podrían estar relacionadas, en parte, con dificultades de las familias para poder afrontar el pago de cuotas. Asimismo, viene aumentando la tasa de repitencia tanto en las escuelas públicas como en las de gestión privada.

Pese a que está contemplado en sus fundamentos, el articulado de la ley 15061 no avanza en la creación de mecanismos que permitan garantizar el derecho a la educación de aquellos alumnos que concurren a colegios que, de forma intempestiva, dejan de funcionar. “El marco legal vigente es claro respecto a que los colegios privados, para cobrar deudas, sólo pueden utilizar las acciones correspondientes del Derecho Civil. Pero existe un bache entre lo expresado en la fundamentación y lo establecido en el articulado sobre un tema muy importante que es establecer cómo se resuelve el problema desde la perspectiva de la continuidad educativa”, explicó Martello, quien está cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.

Cabe destacar que en los fundamentos de la norma se menciona: “Finalmente se brinda una solución definitiva desde el Estado Provincial, dado que se obliga a la Dirección General de Cultura y Educación a brindar al alumno una vacante para el próximo año escolar en una escuela perteneciente al sistema público de gestión estatal”.

Esta idea de ´solución definitiva´ que esta expresada en la fundamentación del proyecto, no se ve reflejada en su articulado, no quedando claro que pasa con la continuidad educativa del alumno y como el Estado le asegura una vacante en el sistema de gestión pública. Mas allá de eso, queremos destacar la importancia de esta Ley. La Legislatura provincial proveyó una respuesta legal concreta a situaciones de hecho que se venían dando en la Provincia en perjuicio del derecho a la educación de los niños”, destacó Martello.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto consideró que “ahora los padres tienen un instrumento legal para impedir que los boletines y los pases de sus hijos queden retenidos como garantía de pago de las deudas en mora, situación que dificulta la continuidad educativa del niño y su pase al sistema educativo de gestión pública. Se legisló sobre un tema que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya se había regulado la cuestión en el año 2000”.

Martello destacó que “nos estamos encontrando con colegios privados, como ocurrió recientemente con el jardín Pasito a Paso y la Escuela Primaria Paso del Libertador de La Plata, cuyos dueños decidieron cerrar sus puertas por la crisis, generando una enorme incertidumbre a cientos de familias que no saben cómo hacer para que sus hijos consigan una vacante para el año que viene. A ello se le agrega la delicada situación de docentes y auxiliares que pierden su fuente laboral. La ley 15.061, tal como está redactada, no constituye una solución efectiva para atender este tipo de situaciones. Resulta necesario que la que se contemple esta situación y que se les garantice a todos los alumnos de las escuelas de gestión privada el derecho a la educación, sin importar su condición ni situación económica”.

 

Matrícula estancada

 

A su vez, según las últimas estadísticas oficiales, los colegios privados vienen mostrando una caída en la matricula en el nivel inicial mayor que en las escuelas públicas, en términos porcentuales: 6,3% contra 5% durante el periodo 2016-2017”

 “Si bien durante casi dos décadas, se registró crecimiento de la matrícula privada que estuvo por encima de la estatal, este proceso se ha ido modificando en el último lustro. A punto tal que el crecimiento de la matrícula en el nivel primario se estancó en los colegios privados, mientras que muestra un constante aumento en las escuelas públicas desde el año 2013”, agregó Martello.

Asimismo, el 85% de unidades educativas de las modalidades es de gestión estatal y municipal y concentra al 93% de la matrícula de todas las modalidades. Entre 2013 y 2017 el total de la matrícula de las modalidades se incrementó 9% en el sector de gestión estatal. Sin embargo, en el sector privado prácticamente no hubo cambio.

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